Fecha: 2018-09-16 22:43:58


Los despidos en el Estado ponen en riesgo el acceso a la Justicia en los barrios populares


El Gobierno puso en la mira a organismos del cual dependen 10 mil empleados de Justicia y Seguridad. Eso golpea derechos básicos de la gente.

“Los CAJ se fueron abriendo durante los últimos 8 años y nos hemos encargado de gestionar derechos, alimentos, intervenir en conflictos vecinales, violencia familiar, trámites de DNI, Certificados, Migraciones. Hasta conseguir derivaciones al psicólogo o asistente social. Todo eso está riesgo. Hay 94 CAJ actualmente en todo el país. Nos hemos integrado en toda la conflictividad del día a día, no es sólo venir desde afuera,” detalla Gabriel Tubio, Coordinador de los tres Centros de Acceso a la Justicia de la Villa 31 de Retiro. “Muchas veces nos han confundido con ANSES, pero somos parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Para nosotros es un orgullo que nos confundan con el ANSES, significa que a los vecinos les sirve.”

Los CAJ dependen del Ministerio de justicia y son financiados mediante un convenio con ACARA. Dichos fondos provienen del registro de propiedad automotor para sostener la estructura y tambiénfinancia cerca del 50% del sueldo de los trabajadores planta permanente del Ministerio de Justicia, mediante lo que se conoce como incentivos.

“Está en riesgo el 80% del Ministerio de Justicia” nos explica una trabajadora preocupada por los fuertes rumores. El riesgo es que el gobierno elimine los entes cooperadores, como reveló El Destape días atrás, que los trabajadores de los CAJ pasen a cobrar con la modalidad de contrato artículo 9, que representa la total precarización laboral, y son contratos que deben renovarse anualmente. La alternativa que ofrecen es acogerse a los retiros voluntarios.

El Gobierno prometió no eliminar ACARA "por ahora", pero se negó a ponerlo por escrito

Los Centros de Acceso a la Justicia funcionan desde el año 2008, y a través del Convenio de la Vicaria de las Villas de CABA con el Ministerio de Justicia de la Nación, se encuentran en donde hay Parroquias y Capillas. Es por eso que el pasado jueves 13 de septiembre el Equipo de Sacerdotes de Capital le expresó al Ministro de Justicia y Derechos HumanosGermán Garavano, la “preocupación y el temor de que se cierren o debiliten los C.A.J”, pidiéndole al ministro que “se saquen esas dudas, ya que pensamos que no solo es bueno que sigan los C.A.J. sino que conviene que se fortalezcan cada vez más”. Además expresaron la necesidad de “que se mantenga el trabajo digno para los empleados del C.A.J.”

La carta de los sacerdotes destaca que los C.A.J “son una clara muestra de buena presencia del Estado, algo que históricamente reclamábamos”, ya que “por nuestro trato cotidiano con los vecinos y sus situaciones, somos testigos de la dificultad que había al perderse por los pasillos de oficinas céntricas lejanas no tanto geográficamente si no sobre todo existencialmente”.

"Nos hemos encargado de gestionar derechos, alimentos, intervenir en conflictos vecinales, violencia familiar, trámites de DNI"

Firmada, entre otros, por el Mons. Gustavo Carrara. Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires y Vicario para la pastoral en Villas de CABA, designado por el Papa Francisco, resaltan por sobre todo que “el funcionamiento de los C.A.J en nuestros barrios hace más amigable el acceso a la justicia y se puede trabajar articulando con otros actores del barrio, además de los Curas y nuestros colaboradores. Es muy positivo el servicio jurídico, psicológico y administrativo. Ayuda mucho lo integral de la atención” y “en los procesos de integración Urbana de nuestros barrios, los C.A.J cumplen una función hoy necesaria”.

El día viernes pasado, funcionarios del Ministerio de Justicia reunieron a las diferentes autoridades y gremios para “llevar tranquilidad”. Hicieron énfasis en no disolver ACARA “por ahora”, aunque se negaron a dejar por escrito el compromiso de no modificar la estructura. Es por ello que el estado de alerta continúa, ya que originalmente le implementación iba a regir a partir del 1° de enero de 2019.

Mabel, vecina de la villa 31, resume : “Los vecinos tenemos miedo de que cierren los CAJ del barrio. No vamos a tener un lugar donde ir, quedamos desprotegidos si el estado se retira. Nos estamos organizando para evitar que eso ocurra”.

Fuente: El Despataweb

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