Bono compulsivo, nueva muestra de Propulismo

Jueves 8 de noviembre, 3 de la tarde. 

José, un empleado de una empresa de cerámicas es llamado por su supervisor para conversar en la oficina. 

Luego de ofrecerle un café y charlar un rato sobre el clima, el supervisor le dice a José que, debido al buen desempeño en sus tareas, le asignará un bono de fin de año del 20% de su salario bruto. 

Sorprendido con la noticia, José agradece y vuelve a su puesto de trabajo, motivado por la decisión. 

Lunes 12 de noviembre, cerca del mediodía. 

El gobierno de un país bananero firma un Decreto de Necesidad y Urgencia para que todas las empresas del sector privado paguen a sus empleados un bono de $ 5.000. 

Casi igual, ¿no? 

No, nada que ver. La medida es absolutamente demagógica, ingenua y, además, extremadamente perjudicial para la economía. 

Sin embargo, esto mismo es lo que acaba de hacer Mauricio Macri, de la mano de su Ministro de Trabajo, el peronista Dante Sica. 

Ley de felicidad para todos
Allá lejos y hace tiempo, cuando Argentina debatía sobre si debía haber una ley anti-despidos o no (ley que finalmente fue vetada por el presidente) Macri afirmaba: 

“Si fuera cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que por ley seamos todos felices”

Esta frase, aunque parezca increíble, fue dicha en 2016. 

Hoy, dos años más tarde, el gobierno impone un aumento de salario por decreto (ya no por ley) y, encima, implementa un esquema burocrático que, al menos, intenta restringir los despidos seriamente. 

A partir de la aprobación del decreto las empresas deberán consultar con el Ministerio de Trabajo y debatir en una mesa con los delegados sindicales a ver si puede llegarse algún acuerdo favorable al empleado. 

Tamaña contradicción de la gestión Cambiemos. 

Antes de seguir, es importante quede clara una cosa: nadie quiere que se echen empleados ni se paguen bajos salarios, pero los decretos son, por lejos, la peor medida que se puede tomar para conseguir esto. 

Además, si fuera tan fácil aumentar los sueldos, ¿por qué quedarse solo con $ 5.000? ¿Por qué no decreta Macri un aumento de $ 10.000, $ 15.000, o $ 150.000? ¿Acaso le falta generosidad? 

A costa de quién
La gran pregunta que abre este nuevo “beneficio laboral” sancionado por el gobierno es quién va a pagar la cuenta. 

A priori, parece que las empresas, lo que va a todas luces en contra de su rentabilidad, en un contexto donde la misma viene en caída libre. 

Si no me creés, dale una mirada a la evolución de los precios mayoristas (+66,1% acumulado en el año) y compárelos con los minoristas (+32,4% acumulado). 

Si uno observa la mediana del salario del sector privado registrado, en el mes de agosto el salario más frecuente fue de $ 25.354. O sea que, en un contexto de costos crecientes para las empresas, el gobierno acaba de imponer uno nuevo, del 20% de su gasto en personal. 

¿Quién podrá resistirlo? 

Probablemente algunas empresas sí, pero otras no. Finalmente, las compañías que no puedan afrontar el costo deberán cerrar sus puertas o bien pasarse a la economía informal. 

Y, paradójicamente, luego es el propio gobierno el que se queja de la evasión y la economía en negro. 

Sus economistas formados –que los hay y muchos ahí dentro- deberían explicarle al equipo de esta consecuencia inevitable se su propia decisión.