España es el estado cuyo presidente lidera la embestida de la UE contra el gobierno legítimo de Venezuela en una descarada injerencia, pero contradictoriamente el ministro de Exteriores español ha expulsado directamente o forzado la expulsión ipso facto de cualquier diplomático extranjero que se haya interesado por la situación de los cargos públicos catalanes encarcelados y ha vetado la visita de los europarlamentarios europeos a los presos. Ahhh, pero ¿quién no recuerda la reacción furibunda del ex presidente español Felipe González cuando no le permitieron visitar en Caracas a Leopoldo López, juzgado por liderar la oposición violenta al gobierno? España es el estado que dice que en Venezuela hay presos políticos mientras mantiene en prisión preventiva desde hace más de un año al anterior gobierno legítimo de Cataluña del presidente Carles Puigdemont; a la presidenta de la Mesa del Parlamento –juzgada por permitir que se debatiera sobre la independencia– y a los dirigentes de las organizaciones civiles catalanas independentistas por “convocar manifestaciones multitudinarias  y tumultos”. España es el estado cuyos gobernantes y partidos políticos de ámbito estatal gritan a los cuatro vientos que el presidente electo  de Venezuela, Nicolás Maduro, es un dictador, pero el  personaje que se autoproclamó presidente en la calle campa a sus anchas en libertad. En España estaría preso desde el primer momento, y pendiente de que le cayera una condena de 30 años como mínimo. Ahhh, pero resulta que el autoproclamado Guaidó es un demócrata y el estado español le reconoce el derecho a hacer todo lo considere oportuno, en cambio a los representantes electos de Cataluña  les va a hacer pagar muy caro haber organizado un referéndum que estaba en el programa electoral con el cual ganaron las elecciones, programa que fue aprobado por la Junta electoral del estado español al presentarse las candidaturas. El estado español no respeta ni sus propias reglas de juego. Ahhh, pero al que le dieron un ultimátum para dimitir es al presidente de Venezuela. M. Mestre

Un juicio contra una nación: hoy nos juzgan a todos

Hoy el Tribunal Supremo de España juzga y quiere condenar millones de ciudadanos que decidimos que los límites impuestos al final del franquismo para hacer la transición no debían ser eternos

VICENT PARTAL/ VILAWEB

Hoy el Tribunal Supremo de España juzga, bajo la acusación de rebelión y sedición,a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a Oriol Junqueras, Vicepresidente del Gobierno de Cataluña, a los  Consejeros Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila y los presidentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

Pero en realidad hoy el Tribunal Supremo de España nos juzga a todos.

Las penas, ya escritas antes de comenzar la farsa jurídica que abra hoy en Madrid, irán sobre ellos y contra ellos, que tienen y tendrán siempre toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, incondicionales. Pero este juicio, de verdad, lo quieren hacer contra una sociedad entera, contra una nación. Porque hoy el Tribunal Supremo de España juzga la democracia, el respeto a la voluntad popular y la capacidad de decisión de los ciudadanos.

Hoy el Tribunal Supremo de España juzga y quiere condenar millones de ciudadanos que decidimos que los límites impuestos al final del franquismo para hacer la transición no debían ser eternos. El Tribunal Supremo de España juzga y quiere condenar la capacidad de la ciudadanía de pensar por sí misma y decidir de acuerdo con lo que cree que es mejor para la sociedad.

Este juicio es un juicio contra el Primero de Octubre y todo lo que significó el referéndum de autodeterminación. El Tribunal Supremo de España juzga los votantes que dimos la victoria a Juntos por el Sí y a la CUP, no para que ocupasen las sillas del parlamento sino para cambiar nuestra vida. Juzga los diputados que lucharon para hacer posible el proyecto político de la mayoría de Cataluña.

Los siete políticos catalanes exiliados: desde el Presidente Puigdemont de Junts X Sí, a Anna Grabriel, lider de la CUP, pasando por la dirigente de ERC, Marta Rovira

Pero todos sabemos también que el Tribunal Supremo de España juzga rabioso y herido por las derrotas que el pueblo catalán infligió aquellos días en España, al régimen podrido del 78. Juzga, cegado de rabia a quienes hicieron correr las urnas y las boletas de voto sin que sus servicios de inteligencia pudieran encontrar ni una sola. Juzga los miles de héroes que pusieron sus cuerpos para defender los colegios electorales, quienes los abrieron, quienes hicieron las funciones oficiales de representación de la Generalitat, quienes prestaron su wi-fi para poder conectarse y quienes colaboraron llevando comida o bebida. Juzga el bellísimo movimiento que hizo posible aquel referéndum de autodeterminación, la firmeza pacífica del país contra el terrorismo de estado.

Y el Tribunal Supremo de España también juzga a los partidarios de la unidad de España que acudieron a votar que no. Y a los que el 3 de octubre se unieron a la indignación generalizada por la actuación salvaje de las fuerzas policiales españolas. Y a  los que hicieron huelga. Quienes cerramos puertas y ventanas al odio y la violencia ciega. Y quienes la filmaron y han aportado su testimonio valioso para demostrar lo que había pasado.

El Tribunal Supremo de España hoy comienza a juzgar los 1.066 heridos de la brutalidad de la policía, los 68 heridos que hubo de más de 65 años, los 13 de más de 79, los 432 que recibieron traumatismos múltiples, las 34 personas que tuvieron un traumatismo cráneo-encefálico debido a la acción de la policía española y de la infame Guardia Civil el Primero de Octubre.

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de las organizaciones civiles catalanas independentistas.

En la historia de los pueblos hay momentos que marcan un antes y un después, que trazan rayas que quedan incorporadas a la piel, marcas imposibles de borrar. La farsa jurídica que comienza hoy en Madrid tendrá ese efecto sobre generaciones de catalanes. Y impulsará aún más el deseo y la voluntad de ser libres, porque demuestra la imposibilidad de un acuerdo democrático con un estado que podría ser el de los catalanes en el sur de la Albera y que, renunciando a la democracia y al respeto a la pluralidad , ha renunciado a serlo.

El estado español ha tenido muchas oportunidades de frenar esta locura. No lo quiso hacer en octubre del 2017, llevado y empujado por el odio visceral del monarca. Hubiera podido detener la locura cuando los exiliados lograron que la justicia europea dejara claro que las acusaciones eran inexistentes, sobre todo cuando los tribunales alemanes dejaron en libertad al presidente de Cataluña Carles Puigdemont, tras constatar que no se podían aplicar -ni a él ni a su gobierno- los cargos de rebelión y sedición pedidos por España. El estado español habría podido detener esta locura cuando Pedro Sánchez apartó del poder Mariano Rajoy, con el apoyo, gratuito, de las fuerzas independentistas y de las izquierdas.

Pero no han querido hacerlo. No han querido aprovechar ninguna oportunidad porque, en realidad, ellos saben bien que no juzgan solamente unas personas,  sino que mediante estas personas juzgan a toda una nación que ha decidido cambiar la historia que habían escrito por ella y tomar el futuro a sus manos. No quieren que el Primero de Octubre fructifique y sobre todo intentan impedir que sea un modelo luminoso y alto para los vascos, los gallegos y los españoles, un ejemplo de dignidad que el régimen teme. El ejemplo de valentía, de coraje, de decencia y de confianza en sí mismo del pueblo que los derrotó el Primero de Octubre, el 3 de octubre, el 27 de octubre y el 21 de diciembre, que no pudieron detener a golpes y que ahora no podrán detener tampoco, ni con esta farsa judicial que se piensan -ignorantes como son- que será su última barrera de defensa.