Planes de ahorro: Defensa del Consumidor imputó a Fiat y a Fadua

La Secretaría de Defensa del Consumidor promovió una imputación a FCA de Ahorro Para Fines Determinados (Fiat) y Fadua S.A. por posible infracción a los artículos 4 y 19 de la ley 24240 de Defensa del Consumidor. Se realizó esta acción a partir de dos denuncias presentadas en el organismo provincial, las que señalan que las empresas habrían modificado condiciones del contrato y generado un aumento de las cuotas mensuales sin haberlo informado previamente.

Son las primeras imputaciones que se aplican en el país con respecto a las demandas sobre la falta de información a los consumidores por parte de estas empresas.

En la primera demanda surgiría que las empresas sumariadas habrían omitido informar a la denunciante de manera clara, cierta y oportuna la discontinuidad del plan originariamente contratado, bien tipo sustituido, valor real del mismo y la variación del precio del automóvil que tiene en su poder actualmente la denunciante, un Fiat Palio. Tampoco se habría informado los porcentajes sobre los que se realiza el aumento del bien que tiene en su poder ni respecto del bien sustituto.

Las sumariadas en el segundo caso habrían omitido informar a la denunciante de manera clara y cierta a qué modelo de vehículo correspondería el precio que le estarían cobrando y que estaría informado en la factura mensual que recibe, pues la factura continúa emitiéndose por el vehículo adjudicado que ya no se fabricaría, según dichos de FCA.

El secretario de Defensa del Consumidor, Carlos Morello, expresó que “con esta imputación abrimos una investigación para conocer a fondo las posibles infracciones de planes de ahorro en perjuicio de los adherentes. Llegado el caso, aplicaremos las sanciones correspondientes”.

Por su parte, la subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, María Emilia Ruiz indicó que "a raíz de las denuncias que ingresaron al organismo, con motivo de los aumentos en los planes de ahorro, se detectaron irregularidades que consisten en la falta de notificaciones a los adherentes en relación a los cambios de modelos de los vehículos que estaban pagando y también al monto que se abonaba por gastos administrativos, que según informaron las empresas consistía en un 10 %, en realidad representaba un monto mayor que no correspondía al diez porciento del valor móvil del vehículo".