Los injustos privilegios que exigen los hipotecados UVA

En el año 2002 José decidió irse a vivir a España. Era joven y la crisis económica en Argentina lo dejó sin muchas alternativas. En el país ibérico hizo algunos cursos de administración y terminó trabajando en la sucursal de un banco de Madrid.

En 2016, cobraba un sueldo equivalente a unos USD 2.500 por mes, pero los “vientos de cambio” en nuestro país, sumado a que extrañaba a su familia y amigos, lo hicieron pensar en volver.

Consiguió una oferta de trabajo en su Córdoba Capital. El salario estaba apenas por debajo de lo que cobraba en España ($AR 33.500, unos USD 2.200 de marzo de 2016), pero lo compensaba con estar rodeado de sus seres queridos y “por fin”, pensaba, “vivir en una Argentina más normal”. 

Hoy cobra $AR 68.000, equivalentes a USD 1.800 y 10% menos en términos reales que en marzo de 2016.

En abril de 2017 María Teresa decidió finalmente comenzar un negocio independiente. Tras dos décadas en relación de dependencia en puestos administrativos, se puso un negocio a la calle en un barrio muy transitado de la ciudad de Buenos Aires. Sabía que las tarifas iban a aumentar y que eso iba a ser un problema en el comienzo, pero confiaba en que, con el nuevo gobierno, la inflación iba a bajar y los salarios reales lentamente comenzarían a recuperarse.

Con eso en mente, se lanzó a invertir. Hoy está pensando seriamente en cerrar su emprendimiento. Ese mismo mes, Alberto, de 24 años, conseguía por primera vez un trabajo en blanco en relación de dependencia. Cobraría un 20% más que el Salario Mínimo Vital y Móvil, $AR 9.700, lo que le permitía ayudar a su familia, además de contar con aportes jubilatorios y una obra social.

Su sueldo perdió 11% de poder de compra desde entonces.

En enero de 2017, Jimena había tomado un crédito hipotecario UVA. Tenía USD 20.000 ahorrados y se endeudó por USD 80.000 con un tipo de cambio de $AR 16 por dólar. La tasa de su crédito fue de 4,9% anual. Su relación cuota ingreso inicial fue 25%. A fines del año pasado esa relación se deterioró hasta 27,8%. 


El derecho a reclamar
¿Qué tienen en común todas las historias anteriores?

En primer lugar, que todos tomaron una decisión pensando que estarían mejor. En segundo lugar, que esa expectativa a futuro estaba dada porque se esperaba que el gobierno “normalizara las variables económicas”. Es decir, que bajara la inflación, que el dólar estuviera estable, y que la economía comenzara a crecer. En tercer lugar, que todas esas apuestas salieron mal.

O, al menos, resultaron peor de lo que se esperaba.

Ahora bien, ¿qué tienen de diferente? Lo primero y más importante: que Jimena a lo largo de su vida pudo ahorrar USD 20.000. Eso no ocurrió en ninguno de los otros casos.

Lo segundo es que, con el crédito recibido, Jimena compró un activo por USD 100.000. No cualquiera en Argentina tiene acceso a eso.

Entonces bien. La cuota subió porque el crédito UVA está atado a la inflación. Y dado que el salario nominal creció menos que la inflación, la relación cuota-ingreso se ha deteriorado.

Este dato es el que muchos de quienes dicen formar parte del “Grupo de autoconvocados hipotecados UVA” exhiben para exigir un cambio en las condiciones de su contrato.

Los hipotecados UVA miran lo mucho que subió la inflación en comparación con el salario y ponen el grito en el cielo: “¡Queremos pagar nuestras casas!”. A renglón seguido dicen que el gobierno los “engañó”, porque prometió inflación a la baja, lo que habría redundado en una mejora del salario real y en una caída de la relación cuota-ingreso.

Obviamente, eso no es lo que pasó.

Ahora si del derecho a reclamar se trata, ¿qué mayor derecho les asiste a los hipotecados UVA que no le asista también a María Teresa, José y Alberto, de los casos citados más arriba? ¿Qué ciudadanía especial tienen que el argumento de “cayó el salario real” es más fuerte para ellos que para los demás?

Si a los hipotecados UVA el gobierno los termina ayudando (como la demagógica María Eugenia Vidal anunció que haría), ¿por qué no hacerlo con todos los demás? 


Privilegio, no derecho
La crisis de balanza de pagos que ocurrió en Argentina en 2018 fue casi 100% responsabilidad del macrismo. Su inacción fiscal los llevó a no corregir nunca el déficit heredado y pensar que era posible vivir de deuda hasta que mágicamente las cosas se acomodaran.

Obviamente, eso no pasó y, cuando los fondos dejaron de venir, el dólar pegó un salto brusco y terminamos en el FMI. En 2018, cuando no había elecciones y el “fantasma” de Cristina presidenta ni existía, el Riesgo País pasó de 350 a 820 puntos.

La consecuencia fue una aceleración de la inflación y una marcada caída del poder adquisitivo de los salarios. Pero esa “bomba” cayó para todos igual. Y si los hipotecados UVA consiguen un subsidio o una modificación arbitraria de las condiciones del contrato que hicieron, entonces estarán siendo privilegiadospor la política del gobierno.

Estaremos frente a un injusto caso de desigualdad ante la ley, donde el deudor hipotecario tiene un status mayor en la sociedad que todos los demás.

Por si esto fuera poco, dicho trato es sumamente regresivo ya que estos deudores están hoy patrimonialmente mucho mejor de lo que estaban antes… ¡gracias a su crédito UVA! (vea la explicación aquí).

¿Qué hay de los que cobran el salario mínimo, quién les da una mano a ellos? ¿Por qué no lo hacen los hipotecados UVA, reconociendo que la crisis le pega mucho más fuerte al primer grupo que a ellos, clase media acomodada y selecto grupo de propietarios en una Argentina pobre?

Los “autoconvocados UVA” son un tradicional grupo de lobby de Argentina. Reclaman al gobierno privilegios para ellos en detrimento de la igualdad ante la ley y de las instituciones del mercado. 

Es una previsible lástima que la gobernadora de la provincia y el gobierno nacional cedan ante este chantaje.