Fecha: 2019-08-06 03:44:13


Así preparan la trampa


El Frente de Todes pedirá a la justicia que excluya a SmartMatic del escrutinio provisorio

La presentación que el Frente de Todes hará el martes 6 ante la jueza electoral María Servini, reclamando que se excluya a la empresa SmartMatic del escrutinio provisorio del próximo domingo, es un intento por romper la trampa preparada por el Poder Ejecutivo para acomodar las cifras a las conveniencias del presidente Maurizio Macrì, quien imagina posible continuar otros cuatro años como Jefe Supremo de los Restos de la Nación y está dispuesto a cualquier cosa para lograrlo porque dijo que esta elección es una bisagra de la que depende cómo será la Argentina durante un siglo. Ese sacrificio que está dispuesto a hacer incluye al Hada Buena, que con alta probabilidad perderá la gobernación bonaerense. Esto es también expresión del vengativo espíritu presidencial, que no perdona los pujos de autonomía demostrados a partir de la crisis cambiaria de 2018 y no permitió que la elección bonaerense se desdoblara de la presidencial.

El apoderado de Todes, Jorge Landau, señala en el escrito que al no haber recibido el código fuente del software que se empleará en las PASO, los principales partidos de la oposición no estarán en condiciones de fiscalizar la limpieza de los datos que se difundan el domingo 11, atribución que el Código Nacional Electoral confiere en su artículo 108 a los partidos políticos. También menciona diversos antecedentes de la empresa, como una elección en Filipinas, donde SmartMatic cambió el software en medio del escrutinio y a partir de ese momento se invirtió la tendencia de los resultados. Esto derivó en una denuncia penal y varios directivos huyeron del país. Uno de ellos está ahora en la Argentina, practicando su arte de prestidigitación electoral.

El fiscal electoral Jorge Di Lello dijo que no hay riesgo de fraude porque el sistema electoral vigente es seguro. Pero se refería al escrutinio definitivo, que estará terminado entre dos y tres semanas después de la votación y que es el único que tiene valor legal. Su control está a cargo de la Cámara Nacional Electoral y de los fiscales y jueces electorales de cada distrito. Di Lello y Servini cumplen esa función en la Capital Federal. Servini deberá resolver la presentación de Todes en un plazo perentorio y el gobierno o el Frente podrán apelar su decisión ante la Cámara Nacional Electoral. ¿Darán los tiempos?

 

Suficiente antelación

El escrutinio provisorio tiene mínimo sustento legal. El Código Electoral Nacional, sancionado en agosto de 1983 por el decreto 2135 del dictador Benito Bignone, con vistas a las elecciones en las que se impondría dos meses después Raúl Alfonsín, fue modificado en enero de 1995 por la ley 24.444, como parte del proceso que conduciría a la reelección de Carlos Menem.

Su artículo 108, sólo dice que el control de los comicios por los partidos políticos comprenderá “la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio de y a los centros establecidos para su cómputo, y el procesamiento informático de los resultados provisorios y definitivos, incluyendo el programa (software) utilizado. Este último será verificado por la Junta Electoral que mantendrá una copia bajo resguardo y permitirá a los partidos las comprobaciones que requieran del sistema empleado, que deberá estar disponible, a esos fines, con suficiente antelación”.

¿Qué antelación se considera suficiente? En 2005, la Cámara Nacional Electoral emitió la Acordada 96 estableciendo que la “suficiente antelación” de la ley no podía ser inferior a 30 días. En enero de 2017, en la Acordada 3 solicitó que se digitalizaran los datos y se transmitieran desde los lugares de votación, y reiteró el mismo plazo de control partidario fijado en 2005. Por eso, el pliego del concurso de precios convocado por el gobierno nacional para seleccionar a la empresa que se encargaría de cumplir con los requisitos del artículo 108, fijó ese lapso en 30 días. Pero el mismo gobierno lo viola sin escrúpulo porque las Acordadas de la Cámara no tienen el peso de una ley. Algunos especialistas consideran que, si se dispone del software y de los códigos utilizados, ese plazo es razonable. Pero otros señalan que resulta exiguo para realizar una auditoría que garantice su buen funcionamiento y, sobre todo, la seguridad de que no contiene órdenes ocultas que tergiversen los datos que se cargan o que pueda ser hackeado. Es decir que, en el mejor de los casos, esos 30 días constituyen el mínimo admisible.

El contrato con SmartMatic, que se adjudicó la tarea por haber ofertado el precio más bajo, también incluyó ese requisito. Como las PASO se celebrarán el 11 de agosto, el software y sus códigos fuente debían estar disponibles el 11 de julio. Pero nada de eso ocurrió y en el simulacro realizado el 20 de julio, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, Adrián Pérez, dijo que el software aún no estaba terminado, que continuarían las pruebas y que se entregaría a la justicia electoral 48 horas antes de los comicios. Ése ya sería motivo suficiente para excluir a SmartMatic de una tarea crítica para que el acto central de la democracia sea cristalino e insospechable. Pero además, el Señor Pérez se negó a responder quién y cómo garantizaría la seguridad informática y uno de sus colaboradores adujo para ese secretismo antirepublicano… razones de seguridad. Este software es una obra pública tan virtual como las rutas y las cloacas que dice haber construido el Presidente.

El gobierno que contrató al proveedor debería ser el principal interesado en exigir el cumplimiento de lo convenido. Por eso es tan llamativa la actitud entre reticente y encubridora del Señor Pérez, cuya respuesta más frecuente ante las preguntas de los periodistas fue No sé, y con ostensible fastidio terminó diciendo que si alguien no estaba de acuerdo podía recurrir a la Justicia. Así fue.

Por cierto, esto es posible porque los medios comerciales y con orientación política pro PRO, ni preguntan como podrían, ni reflejan los titubeos y falacias de las respuestas, ni dan lugar a las voces críticas.

 

Un Querido compañero

Por ejemplo, el matutino Clarín publicó el jueves 1° de agosto una columna titulada Actualizar el sistema electoral, de eso se trata, en la que se defiende al oficialismo ante “un sector de la política que quiere dejar todo como está. El PJ pide volver ‘al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas’, un sistema que ha demostrado serias falencias. Estamos dando un paso adelante, Argentina se actualiza y acorta la brecha que lo distancia de aquellos países que han aplicado tecnología en sus procesos electorales a los efectos de hacerlos más íntegros, más competitivos y equitativos”. Su autor es Leandro Querido, a quien Clarín presenta como presidente de la ONG Transparencia Electoral. Querido cuenta que en 2017 “mandamos a hacer una encuesta” en la provincia de Buenos Aires. Sus resultados indicaron que “el 31,2% de los consultados no confiaba en la correcta contabilización de su voto. El 34,3% consideraba muy probable que se realizara un fraude. El 39,1% algo probable. El 56,8 % se mostró de acuerdo con la incorporación de tecnología en el escrutinio de mesa”.

Muy Pro: modernidad, interés por la opinión del ciudadano y mejora de la calidad institucional.

 

Leandro Querido: los puntos negros de la tramparencia

Pero ni el diario ni el columnista explicaron quién era Leandro Querido. En 2017, ante las denuncias de Unidad Ciudadana sobre irregularidades en la carga de los datos de las PASO, el presidente Maurizio Macrì respondió con un informe sobre el escrutinio provisorio elaborado por el Ministerio del Interior, basado a su vez en una auditoría realizada por la ONG Transparencia Electoral. El blog El Disenso informó que Querido era empleado del ministro Rogelio Frigerio y de la Legislatura porteña. También verificó que la presunta ONG no poseía empleados registrados ni realizaba aportes patronales. Uno de sus cuatro directores, Adrián Veleff, era apoderado del frente UCR / Cambiemos en El Chaco; otro, Jesús Enrique Delgado Valery, pasó de recomendar “cómo combatir el mal aliento y blanquear tus dientes utilizando conchas de banana” a realizar análisis políticos y electorales de Venezuela y la Argentina. Transparencia no tenía sede propia. Alquilaba el uso de una mesa y una silla y una sala de conferencias en una oficina compartida por la que pagaba 3.000 pesos al mes. Frigerio admitió que Querido era empleado del Ministerio, pero negó haber pagado la auditoría. Tal vez él no, pero el ex director nacional electoral y ahora Director de Asuntos Públicos del Correo Argentino, Alejandro Tullio, contrató a Transparencia Electoral por 200.000 pesos para auditar el escrutinio de las PASO. Tullio, a quien designó Director Nacional Electoral el malogrado Fernando De la Rúa, ha dictado seminarios junto con Querido. En noviembre de 2016, María Eugenia Vidal recibió una distinción en Washington por su impulso a la reforma política de la provincia de Buenos Aires para terminar con las reelecciones indefinidas. Se la entregó Querido. Un querido compañero.

 

El pendrive de Clarín

El primer simulacro se realizó el sábado 29 de junio, sin aviso previo a los partidos políticos ni a los periodistas. Incluso hubo directores de colegios que no fueron notificados. Fue un fracaso por falta de conectividad. El primer medio que lo reveló fue el Cohete en su edición del domingo 30. El segundo se planificó para el sábado 20 de julio, ya vencido el plazo legal de los 30 días.

En la conferencia de prensa posterior, se detectó un alto porcentaje de incidencias en distintas provincias. Incidencias es el nombre técnico de los errores, debidos a fallas en la lectura de las actas de cada lugar de votación. En Chaco, los errores llegaban al 22% de las actas; en San Juan al 37%: en Santa Cruz y Misiones al 56% y en La Rioja al 96%. El periodista de El Destape Ari Lijalad preguntó por esa anomalía.

Luego de confirmar con gestos y palabras que no tenía idea de lo que estaba hablando, el Señor Pérez llamó a una experta del Correo Oficial, Sandra, quien dijo que los errores se habían introducido con toda intención para comprobar si el sistema los detectaba. Con pura lógica, Lijalad le pidió el documento en el que constara esa deliberación. Le dijeron que se lo darían luego de concluida la conferencia de prensa. Sólo quedaron cuatro periodistas esperando. Luego de una hora, al jefe de redacción de El Destape le entregaron fotocopia de dos telegramas de La Rioja con errores, pero nada que certificara la cantidad de incidencias presuntamente programadas en esa provincia.

Luego de relatar este episodio en una nota del domingo 28 de julio recibí un atento email del periodista de Clarín Alejandro Alfie. Narra que “si bien demoraron casi una hora, cuando volvieron nos trajeron un pendrive, con todos los telegramas. Ahí sólo quedábamos un periodista de Perfil, otro de no sé qué medio y yo. Entonces me lo dieron a mí, con el compromiso que le pasara los telegramas a los otros dos periodistas que habían quedado en ese entonces, que eran casi las 14 horas. Así que después les pasé un par de telegramas a ambos periodistas, para no pasarles los más de 800 que estaban en el pendrive. Pero no es que sólo había dos telegramas. De hecho, recién le pasé al de Perfil otros 60 telegramas de La Rioja. Así que si los necesitás, también te los puedo pasar. Ahí esos telegramas figuran con números insólitos, que obviamente iban a dar error, porque tienen más votos que electores. Bueno, acá te adjunto algunos telegramas de La Rioja, como para que tengas una idea de qué pusieron ahí. Siempre leo tus notas y me parecen muy documentadas, así que no quería dejar pasar esta ocasión, para mencionarte lo que ocurrió ese día”.

En otro mail posterior, Alfie agregó que “revisando nuevamente esos telegramas de La Rioja, me di cuenta de que están hechos el 13 de julio, que es la semana anterior a la que supuestamente se tendrían que haber realizado. Es decir, no serían del simulacro del 20 de julio. Eso surge de las propiedades de cada archivo”. Al recibir los archivos, Lijalad se comunicó con Hernán Etchaleco, encargado de prensa de Adrián Pérez y la persona que entregó el pendrive con los telegramas de La Rioja y los dos telegramas en papel el día del simulacro del escrutinio.

 

No sabe/No contesta

La respuesta de Etchaleco ante la consulta fue que se trataba de los telegramas que se usaron el 20. Ante la repregunta de Lijalad de que tenían fecha del 13 de julio, por lo que era imposible que fueran los utilizados el 20, le dijo de mala manera que publicara lo que quisiera, que no le iban a responder. Pero poco después volvió a comunicarse por mensaje para decirle que lo que le había dicho “preliminarmente no es correcto”. En la nueva respuesta, el vocero del Señor Pérez dijo que los telegramas que les dieron a los periodistas tenían fecha del 13 de julio porque eran los que se imprimieron para el simulacro del 20.

Si esos pdf se confeccionaron antes, ¿cuáles son los pdf que se crearon el 20 en el simulacro y fueron visualizados el 20 por los operadores? —insistió Lijalad.

—Esa es la respuesta, cerró el vocero del Señor Pérez.

Etchaleco también figura como encargado de Public Affairs de Identia/PR, una firma de comunicación, medios e imagen cuya alegada especialidad es «Instalar un  tema. Definir una noticia. Contar tu historia».  Buena opción para el fin propuesto, en eso trabajan.

Fuente: www.elcohetealaluna.com