La sanción le fue aplicada por infracción al artículo 19 de la Ley 24240. La apelación directa fue presentada reclamando como excesiva, arbitraria y desproporcionada la sanción impuesta.
Un sábado de abril, un hombre fue a un restaurante y al momento de pagar la cuenta intentaron primero cobrarle con un documento no válido como factura. Cuando preguntó por ello le dijeron que si quería factura o abonar con tarjeta de crédito o débito, el consumo se encarecería en un diez por ciento. A pesar de ello el cliente abonó con su tarjeta de crédito el consumo con el recargo correspondiente por 641,30 pesos (el consumo era por 583 pesos).
El cobro de una diferencia de precio según el medio de pago está expresamente prohibido por el artículo 37, inciso “c” de la ley Nº 25.065, en cuanto dispone que el proveedor esta obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta. 
Las juezas Verónica Gómez Naar y Hebe Samson recordaron que “se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor”. 
“La resolución administrativa impugnada se encuentra suficientemente motivada en la infracción al artículo 19 de la Ley 24.240 que ha quedado comprobada sobre la base de las constancias de la causa y del propio reconocimiento de la infractora, y no de meras presunciones”, señalaron y apuntaron sobre el monto que “no se advierte un criterio irrazonable o desproporcionado por parte de la Autoridad de Aplicación en la graduación del monto ($ 6.000,00), ya que de la lectura de la resolución surge que ésta ponderó la verificación de perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, quien no sólo se vio obligado a abonar una diferencia de precio por elegir el pago mediante tarjeta de crédito, sino que debió también soportar el mal momento y maltrato que implica tener que efectuar un reclamo pecuniario, recibir una negativa pese a su legitimidad, y en presencia de terceras personas.”
Y respecto de la orden de publicación de la sanción en un diario de amplia difusión recordaron que “en modo alguno puede afirmarse que ella responde a una pretensión de lesionar el buen nombre y reputación de la infractora. Al respecto, es preciso resaltar que no es dable invocar como dirimente de dicha sanción accesoria el posible daño sobre el prestigio comercial del infractor, pues es su propio comportamiento, y no la publicación de la decisión sancionatoria, el que origina en todo caso el deterioro de su imagen.”