Fecha: 2018-02-13 22:58:51


Permiso para matar


“Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la policía” y los balazos de Luis Chocobar sobre la espalda de Juan Pablo Kukoc no fueron otra cosa que “cumplimiento de deber de funcionario público”.

Por Claudia Rafael

“Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la policía” y los balazos de Luis Chocobar sobre la espalda de Juan Pablo Kukoc no fueron otra cosa que “cumplimiento de deber de funcionario público”. Después del conveniente período de ostracismo derivado de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel al que fue obligada Patricia Bullrich, la ministra volvió con todo. A poner sobre la mesa en lenguaje claro y quirúrgico, cuál es y será el rol del Estado que representa.

Y a dejar alineados discurso y praxis en un nivel de coherencia incuestionables. Poco importa si Kukoc apuñaló o no a un turista, porque ése –aunque en sí mismo es un hecho de enorme gravedad, sea quien sea el culpable- no es el debate de fondo. Porque si Kukoc fue o no el acuchillador de la Boca no implica otra cosa que hablar de un individuo que puede haber cometido un delito y para eso –se supone, al menos- hay leyes. Lo que lo diferencia de Chocobar es que el policía es el Estado.

Con una claridad inusitada, con perfección discursiva que no deja lugar a dudas del sitio en el que está parada, Patricia Bullrich dijo en Radio con Vos: “Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías”.

Y si fue o no Kukoc el culpable del delito no es el fondo ni la médula de lo que de su muerte derivó. Porque sirvió como la frutilla del postre que permite coronar un camino que, en los hechos, fue abonado ya por otras políticas de Estado pero que ahora se pronuncia abiertamente y sin tapujos con cada una de las letras.

“La verdad estaba del lado de lo que habíamos dicho”, pronunció la ministra. Y enumeró los casos: Kukoc (con victimario policial), Santiago Maldonado (de violenta muerte durante un operativo represivo de gendarmería), Rafael Nahuel (asesinado por la espalda por un prefecto). Le faltó decir una larga infinidad de nombres e historias de los últimos dos años. Podría haber incluido -en esa tesitura de lenguaje que no es desbocado sino milimétricamente diseñado- innumerables historias: la de los pibes de la murga de la villa 1-11-14, los policías que irrumpieron violentamente al comedor de Lanús, detenciones como la de la militante platense que filmó a los policías que detenían a un joven que vive en la calle o el procesamiento de la chica que se besó con su pareja en una estación de trenes. O las de las represiones a los obreros de Pepsico, Cresta Roja y tantas otras en la lucha por sus derechos.

Aunque, después de todo, no importa que lo haga. Porque, en definitiva, lo que hizo Patricia Bullrich Luro Pueyrredón fue dejar a las claras qué es el poder y contravenir la letra constitucional que indica que si el peligro delictivo ya no existe, si el uso de la violencia de la fuerza de seguridad es desproporcionada, si la persona estaba huyendo y le dispara de espaldas está actuando por venganza y no por derecho.

El Estado argentino decidió que era hora de dar todas las señales. Aquellas que permiten sacar afuera lo peor de la condición humana. Que era el momento de abrazar al gatillo fácil, a la vendetta legal, a la eliminación con permiso legítimo y medalla en el pecho.

La historia es larga en el tiempo pero hay un presente que vislumbra tragedia. Ya en los 60 Rodolfo Walsh escribía que la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata. Mucho antes, durante el yrigoyenismo Polo Lugones era ascendido a jefe policial (por pedido de su padre el poeta) para zafar de las denuncias por violación que lo hubieran llevado a la cárcel. Y le dieron carnet para picanear, perseguir y asesinar en nombre del Estado. Mucho después, ya en los 90, el periodista Ricardo Ragendorfer detallaría que “la corporación policial goza del preciado atributo de codearse, por un lado, con altos dignatarios del universo político y, por otro, con la elite de los bajos fondos. Precisamente, ese carácter bidireccional hace que los uniformados arrastren sobre sus hombros la delicada tarea de ser el único vaso comunicante entre dos estigmas aparentemente inevitables y estancos: la inseguridad que brota del delito callejero y la corrupción en las altas esferas del poder”.

La ministra de Macri dio una magistral clase de poder. Y no hizo más que blanquear los permisos que tienen y tendrán los rabiosos perros de uniforme para demarcar los territorios y con abierto permiso para disparar.

Fuente: Agencia Pelota de Trapo

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