LA DERROTA CULTURAL

La dictadura militar cambió los paradigmas de la sociedad. La derrota sobre el campo popular se refleja en la falta de organización y propuestas y en su permeabilidad a los valores de las clases dominantes, que es el verdadero logro cultural de la dictadura de Videla, Massera y Agosti. El golpe de Estado del 24 de marzo 1976 produjo profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales y con ello la subordinación al capital financiero internacional, cuya principal base son los EE.UU.

Toda la lógica mercantil depende de los márgenes de ganancia y no de que exista mercado, por ende el gobierno —a través del Ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica— le ha planteado a la Unión Industrial Argentina un programa que propone flexibilizar el empleo y bajar las indemnizaciones para beneficiar la rentabilidad de las empresas. Ni las empresas quieren esa flexibilización. El mayor reclamo que hacen es que se estimule el mercado interno y esto se logra con más trabajo y mejores salarios.

Esto lo plantea el Gobierno de Cambiemos cuando estamos en medio de una profunda recesión (el PIB – Producto Bruto Interno— no deja de caer y según el Estimador Mensual de Actividad Económica, EMAE, descendió el 2,6% en el año 2018) de la que no se vislumbra ninguna salida.

El mismo Ministerio de Producción y de Trabajo informó en la última semana de febrero de 2019, que en 2018 hubo 191.300 trabajadores registrados menos que en el 2017, conformando una totalidad de 12.196.000 trabajadores con aportes. Esto supone una cifra un 1,5% menor que hace un año, pero con una población que crece vegetativamente 1,1% anual, por un lado, y con casi 7.200.000 jubilados y pensionados, por otra parte, lo que desmejora la relación entre trabajadores en actividad y pasivos que es solo de 1,7 cuando debería ser el doble. Por eso hay que financiar dichos pagos con impuestos, por lo que el gobierno pretende limitar el gasto previsional (ajustado por el índice de movilidad de la reforma de 2017 que es muy menor a la inflación) para, en su visión, reducir el gasto.

La tasa de inversión bruta fija, según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) había descendido en el tercer trimestre de 2018 en un 11,2% con respecto a igual período del año 2017. El mismo FMI prevé una caída del 9,5% para este año.

La tasa de desocupación abierta alcanzó el 9% durante el tercer trimestre 2018 y no llegó a los dos dígitos porque, por ahora, la mayor parte del ajuste se realiza por la inflación que disminuye el salario real. A medida que la recesión avanza y el ingreso real desciende, más personas salen a buscar trabajo y, si lo consiguen, es en forma precaria y de baja calidad, en servicios nuevos como entrega a domicilio, Uber, etc.

La profunda recesión no frena en la misma proporción la suba de la inflación, fundamentalmente porque este gobierno está de salida. Los formadores de precios — grandes empresas y comercios con mercado cautivo, donde los productos lácteos, aceites, harinas, fideos, arroz, combustible, todo tipo de carnes, etc.  y su comercialización, tienen nombre y apellido— buscan posicionarse con amplios márgenes de ganancia. En marzo ingresará el préstamo del FMI por 10.843 millones de dólares y se liquidará parte de la cosecha gruesa (que también van a retener porque esperan que el dólar suba). Ocurre que se acercan las elecciones, y si bien es cierto que el populismo ha ayudado bastante a la “gobernabilidad” de Macri, lo cierto es que saben que ahora no es lo mismo y quieren negociar desde una posición de fuerza (y de privilegio).

Ante un Presidente que con total falta de responsabilidad y faltando a la verdad dice: “En ese camino estamos. Juntos estamos construyendo los cimientos más profundos. Con obras que empiezan y terminan, que valen lo que cuestan; con rutas y autopistas más seguras; con trenes, puertos y aeropuertos que conectan al país; con conectividad en hogares, escuelas y municipios donde antes no llegaba internet; con debates que nunca habíamos dado como sociedad y que muestran que los argentinos maduramos” [1].Parte de las obras se hicieron con deuda, y cuando no pudieron endeudarse más (desde el 25 de abril de 2018) se frenó todo. Deuda que este gobierno duplicó y extranjerizó (el 75 por ciento está en moneda extranjera); la relación deuda externa /exportaciones es casi del 200 por ciento; el ratio de deuda a reservas se duplicó en los últimos cinco años, a pesar de la recomposición de las reservas internacionales; el plazo es menor a diez años y encima acuerdan con el FMI  el pago de los servicios de dicha deuda con crédito (por 56.300 millones de dólares más los intereses) que deberá pagar el nuevo gobierno.

Se trata de un gobierno que no le cobra impuestos a los ricos. En la Provincia de Buenos Aires, los grandes propietarios de la tierra constituida por 1.303 familias (entre ellos los Blanco Villegas, propietarios de 25.000 hectáreas en Tandil) son dueñas de 11.081.138 hectáreas [2] y lo que se recaudó del Impuesto Inmobiliario Rural fue solo de $ 7.294,7 millones (que a su vez es el 2,66% de la recaudación propia de la provincia). Los dueños de la tierra más fértil del mundo pagan menos que los que viven en el segundo y tercer cordón bonaerense.

Y sin embargo se reprime a los miembros de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cada vez que hacen un “Verdurazo” en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior, que es en realidad una feria de venta de su producción al mismo precio que les pagan (y les compran) los grandes intermediarios y supermercados. Son pequeños productores, que en su amplia mayoría alquilan la tierra que trabajan, que sufren los tarifazos y les cobran todo los impuestos, y a quienes el gobierno nacional les eliminó el Monotributo Social Agropecuario, única herramienta que les facilitaba la jubilación, el acceso a la salud y la posibilidad de facturar.

No fue siempre así

Este grado de insensibilidad es el triunfo del “sálvese quien pueda”. Quien pueda “arreglar”, lo hará. Falta el Viejo Vizcacha que nos adoctrine, diciendo: “Hacete amigo del juez…”

El país fue otro con el gobierno nacional y popular del primer y segundo peronismo, que se basaba en el mercado interno y en la defensa acérrima del trabajo y la producción nacional, y cuyos impuestos gravaban principalmente al comercio exterior y a los beneficios empresarios, a las ganancias de capital, al exceso de beneficios y a la riqueza personal.

El golpe de Estado de 1955 no pudo cambiar el modelo económico pero sí hizo más regresivo el sistema tributario, alcanzando más al trabajo que al capital. Sin embargo, al depender del consumo interno se cuidaron de “no matar la gallina de los huevos de oro”, y dado que los empresarios aumentaban sus precios, por un lado se incrementó el impuesto al consumo y por el otro se incurría en déficit fiscal, que a su vez se monetizaba profundizando el proceso inflacionario. Esto se corregía con periódicos incrementos salariales, dado que la estructura impositiva el país crecía con precios nominales que lo hacían en forma más que proporcional (impuesto inflacionario). Pero de todos modos el sistema impositivo iba reflejando el cambio estructural que implicaba la puja constante entre los salarios y los precios.

El golpe militar de 1976 logra destruir ese modelo virtuoso que amalgamaba los intereses de los empresarios con el mercado interno, para proponerse una inserción en el mundo a través de la producción primaria y algunos enclaves industriales, implicando con ello la incapacidad de generar trabajo de calidad y la dependencia de insumos, tecnología y financiamiento del exterior.

Ese país que se abre al comercio internacional regalando su mercado interno, con esa combinación simple y estúpida de atrasar el tipo de cambio, bajar los aranceles y subir la tasa de interés para castigar el trabajo y la producción locales (haciéndolos competir de manera desventajosa) y premiar el ingreso especulativo de capital, significa el trillado camino de la dependencia y el enriquecimiento de una minoría a costa de la población y su futuro.

La política tributaria se hizo funcional a ese cambio y se gravó cada vez más al trabajo, al consumo y a la población, mientras que el Estado redujo su participación en el PIB. David Ratto, publicista de la dictadura militar, fue quien hilvanó la frase “Achicar al Estado es agrandar la Nación”, para que así determine las reglas el capital privado.

Salvo la honrosa gestión del Ministro Bernardo Grinspun en 1984, durante 27 años se llevó adelante la misma cantinela y el resultado no pudo ser otro que la implosión en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El ajuste fiscal implicó menores gastos en educación y salud, en obra y en tecnología, un Estado cada vez mas ausente, que gravaba menos a los ricos y ataba la mayor recaudación al consumo (IVA, impuestos internos, combustible) y al salario, donde entra a jugar un mínimo no imponible ridículo que hace que paguen impuesto a la ganancia cada vez más trabajadores, mientras paralelamente los sectores beneficiados por el modelo disponen de argucias legales e ilegales para no pagar.

Solo con el kirchnerismo y después de la hecatombe volvió a crecer la economía, mejoró la participación de los asalariados en el ingreso y se incrementó la participación del Estado en el PIB. De representar el gasto público consolidado solo el 27% en 2002, pasa a rondar el 40% en 2010, lo que permitió acrecentar la obra pública, los gastos en educación, en investigación y en salud, y sobre todo una estrategia estatal de orientación de la economía, que estimulaba la producción y el trabajo. Dicho gasto fue financiado básicamente con impuestos. El total de la recaudación tributaria nacional de la Argentina  2010 fue de más de U$s 100.000 millones, suma que es mayor que el total recaudado el año pasado. La gran diferencia es que en 2010 no hubo déficit fiscal (se equilibraron las cuentas públicas) y en 2018 el déficit fiscal total fue de unos 18.300 millones de dólares, el 4,2% del PIB [3] que se financió con deuda externa.

El impuesto a las ganancias en Argentina

Es un impuesto directo, los individuos y las empresas alcanzados deben presentar todos los años una declaración jurada específica. Luego de una serie de cálculos queda determinado el monto de impuesto a pagar por el contribuyente, que se divide en 4 (cuatro) categorías:

I – Renta proveniente de bienes inmuebles.

II – Renta proveniente de bienes muebles, colocación de capitales y utilización o explotación de derechos.

III – Renta proveniente de “Sujetos Empresa”.

IV – Renta proveniente del trabajo personal, tanto en relación de dependencia, relación de empleo público, jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios, funciones, profesiones o demás actividades lucrativas autónomas.

En la Ley de Impuesto a las Ganancias, por un lado se gravan distintas manifestaciones de lo que la misma considera“Ganancias”, pero por el otro se “eximen”algunas de ellas. Esto quiere decir que determinados ingresos son tomados como ganancias por ley, para luego ser eximidos de tributar este impuesto. Las exenciones están taxativamente enumeradas en el Art. 20 de la Ley 20.628 (t.o. del Impuesto a las Ganancias). Existen exenciones en leyes especiales, las que no están incluidas dentro del art. 20. Algunos ejemplos de esto son la Ley 14.613 (Asociaciones de cooperadoras escolares), Ley 23.139 (Sociedades de Bomberos Voluntarios), Ley 23.569 (Universidades Nacionales), etc.

También presenta una serie de deducciones, especiales, y otras generales que se aplican al total de ganancias por todas las categorías.

Finalmente están las deducciones personales, que solo se aplican a las personas físicas y que tienen en cuenta las condiciones particulares de cada contribuyente. Estas deducciones están determinadas por ley y son las siguientes:

1. Mínimo no imponible
2. Cargas de familia
3. Deducción especial de IV Categoría

Un hecho a destacar es que los recursos de la IV Categoría representan más de un tercio de la recaudación del tributo [i], por un lado, y por otra parte, una de cada cinco corporaciones no paga el tributo porque está exenta o declara pérdidas, ya sean verdaderas o dibujadas por contadores, amén de que las empresas que declaran ganancias y pagan tienen la facilidad de trasladar el pago del impuesto a sus precios.

El total de la recaudación tributaria acumulada en el año 2018 fue de $ 742.052 millones, lo que significó un acrecentamiento del 33,7% con respecto al año anterior, pero menor que la inflación que según el INDEC, medida por el IPC, fue del 47,6%. Pero el IVA, el impuesto a los combustibles y los impuestos internos, todos gravámenes al consumo, representan el 60% de la recaudación impositiva nacional.

Hay muchas tareas pendientes, pero la primera es una reforma tributaria integral.