LA HORA DE LA POLÍTICA

Las revelaciones surgidas a partir de la denuncia de la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, sobre una red de espionaje ilegal a políticos y periodistas, que tenía esa dependencia como uno de los brazos ejecutores durante el gobierno de Macri, y su articulación con los medios de comunicación que integran el bloque que sostuvo ese experimento y con una parte del aparato judicial, hablan de delitos contra personas e instituciones perpetrados en nombre de las instituciones, de la libertad, de la transparencia y de la seguridad: en nombre de la república y la democracia. Pero también hablan de que hubo una conducción centralizada del proceso político, y de un relato —en el que muches creyeron y creen—, factores clave en la realización de un proyecto político.

En cambio, un observador atento puede percibir en el Frente de Todos un déficit de coordinación, y otro de comunicación de los actos de gobierno y de una narrativa a la altura de las transformaciones que se propone y de las dificultades objetivas que se le oponen: la escena política exhibe ante la población importantes decisiones postergadas o que quedan en meros anuncios, a lo que se suma la falta de justificación oficial. Un combo que genera cierto desgaste evitable.

Estamos en una situación paradójica, como si se tratara de una realidad invertida: en plena pandemia, la derecha corrupta y antidemocrática que acaba de perder una elección y pide libertad para contagiar pero además la ejerce ocupando las calles contra las normas, se apodera del centro del ring político; mientras tanto, el gobierno popular que ganó ampliamente esa elección, que está evitando miles de muertes y que tiene un plan para la inclusión y la soberanía, asume una posición defensiva dando explicaciones todos los días.

Estamos inmersos en una realidad que afecta prácticamente a todos los —pocos— gobiernos progresistas en el mundo, no es un problema exclusivamente nuestro. Pero lo que sí es específicamente argentino es que la coalición de gobierno es suficientemente fuerte como para no parecer débil; en otras palabras, es necesario romper apariencias que engañan. Una derecha acosada por hechos incontestables, temerosa de transformaciones progresivas y desplazada de la conducción del Estado, ataca impiadosamente. Se confirma así una ley determinante del proceso histórico nacional: el Régimen no se entrega sin luchar, no cae solo, hay que voltearlo.

Vicentin

En el caso Vicentin, el oligopolio mediático y otros miembros del bloque de poder con comando en el exterior atacaron exitosamente el instrumento elegido por el gobierno —la expropiación de la empresa— para impedir un objetivo estratégico —que el Estado intervenga en el comercio exterior de granos—, maniobra que, con el ardid de la defensa de la propiedad privada, se convirtió en disparador de una reacción adversa, considerable en la zona a la que pertenece buena parte de los productores estafados por el grupo. Más aún, días después de que el Presidente anunciara la decisión de expropiar se conoció un dato inquietante: encuestas reservadas muestran que la mayoría de la población de las provincias más afectadas está en contra de la medida.

Estos acontecimientos sugieren que se cometió un error de cálculo. En todo caso, hubo una deficiente transmisión a la sociedad de los objetivos perseguidos, es decir, fallas de la política.

La importancia del instrumento no es irrelevante: asegurar la continuidad de la empresa es asegurar miles de puestos de trabajo y neutralizar un riesgo de insolvencia que compromete la situación de su principal acreedor, el Banco Nación, y de miles de proveedores entre los que se destacan más de 2.000 productores agrarios; si evitara su extranjerización y controlara su administración, el Estado se convertiría en actor en un sector crucial de la economía argentina —el de la comercialización de cereales, oleaginosas y biocombustibles—, con efectos que abarcan desde la obtención de información que le permitiría conocer directamente cómo funciona ese mercado y no a través de lo que dicen los grupos que operan en él, pasando por la formación de cuadros técnicos propios que podrían establecer relaciones simétricas con los lobos del sector, hasta alterar un factor fundamental en términos político-económicos: las exportadoras de cereales y oleaginosas ejercen aquí un poder determinante a través de la posesión y liquidación de divisas por exportaciones, que influye en el nivel del tipo de cambio; por lo tanto, si el Estado lograra controlar una parte de ese flujo, modificaría la ecuación de poder y dispondría de una herramienta fundamental de política económica.

Todos factores decisivos para alcanzar niveles de soberanía económica compatibles con un desarrollo nacional autónomo, algo que no podía sino despertar la feroz reacción del Régimen.

En China sí se consigue

Durante el gobierno de Cristina se pensó en optimizar la relación bilateral con nuestro principal comprador de productos primarios, la República Popular China, en términos de una relación Estado-Estado. La idea era realizar la compra-venta de productos primarios a través de un vínculo interestatal por fuera del mercado multilateral dolarizado y, al mismo tiempo, impulsar la creación de una vía financiera para la compra de productos y la recepción de inversiones chinas, el denominado acuerdo de «swap de monedas».

China, como potencia emergente y segunda economía global, intenta que su moneda alcance poder de circulación internacional: un mecanismo apropiado es expandir sus transacciones en relaciones bilaterales con otros países, y la Argentina es un socio calificado a esos efectos. El swap de monedas peso-yuan por el que nuestro país puede usar los yuanes para cancelar importaciones, recibir inversiones y/o atesorar la moneda china como reserva internacional, tuvo su punto de partida en un primer acuerdo celebrado en 2009 y luego se amplió mediante otros convenios hasta el concretado en marzo pasado, en el que Argentina pidió la renovación por un monto equivalente a 18.600 millones de dólares, que representa algo más del 40% de las reservas del Banco Central.

Si se recupera la Vicentin devastada por sus propios dueños y se convierte en una empresa de alimentos con capacidad de intervención en los mercados local y externo, se alcanzaría una posición inmejorable para avanzar en un acuerdo Argentina-China en base a aquella idea original: según el ranking de exportadores de 2018, un convenio entre empresas controladas por los respectivos Estados podría asegurar que el 20% de la oferta de divisas proveniente de las ventas externas de granos, harinas y aceites ingrese directamente al Banco Central sin dilaciones. Asimismo, en tanto se den ciertas condiciones —posibles— de conveniencia recíproca, tal porción de un quinto del comercio podría administrarse al margen de las fluctuaciones del mercado global.

En un contexto en el que se mantienen las presiones de los acreedores en las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa, contar con fuentes financieras alternativas como la que ofrece el citado convenio swap de monedas peso-yuan sería un recurso decisivo para garantizar el abastecimiento desde el exterior.

Historias

Suponer que la movilización opositora al desembarco del gobierno en Vicentin, en Avellaneda de Santa Fe y aledaños, fue sólo la consecuencia de una realidad moldeada a fuerza de despolitización reforzada por una generalizada cooptación por parte de la empresa —cuya influencia directa o indirecta, sancta o non sancta, en distintas actividades e instituciones de la zona, es indudable—, implica considerar factores que, si bien han incidido, no alcanzan para explicar que una cantidad nada despreciable de productores estafados por la cerealera se hayan manifestado contra la decisión de intervenirla y expropiarla.

Para una mayor comprensión de lo sucedido puede ser conducente recurrir a la historia de chacareros y cerealeras; es decir, a hechos políticos del pasado producidos por actores sociales centrales en el conflicto.

Después de las marchas en rechazo al DNU, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, declaró que «ha sido una manifestación bastante espontánea, […] y sobre todo en preservación de la propiedad privada y se ha replicado en varios lugares del país».

Tales declaraciones remiten a las históricas luchas agrarias en la pampa argentina. Para abordarlas es menester evitar la idealización con la que una frondosa literatura pseudo-marxista ha impregnado esas las luchas y rescatar su verdadero contenido histórico-social.

Ya en la década 1880-1890 se produjeron movimientos de agricultores inmigrantes que reclamaban la rebaja de los arrendamientos, el acceso a la propiedad privada de la tierra y el pago de sus cosechas en oro —no en el peso desvalorizado por la maniobra típica de los exportadores—, es decir que enderezaban su ofensiva contra los terratenientes y la burguesía intermediaria. Ciertos autores de la izquierda han pretendido insuflarles una intención de reforma agraria, inconciliable con las ambiciones de la masa inmigratoria, aunque se descubran antecedentes revolucionarios europeos en algunos de sus líderes, cuyos aportes tuvieron más que ver con la experiencia organizativa que con la educación en doctrinas que no cuajaban porque no podían cuajar.

Esos movimientos no cuestionaban el régimen de propiedad, como era esperable en un país con superabundancia de tierra virgen o inculta, escasa densidad demográfica y economía de mercado —no de subsistencia—; no era razonable pedir la limitación de la cantidad de hectáreas poseídas individualmente. Al reclamar por el pago de menores arrendamientos o que se les vendieran tierras a bajos precios y cobrar más por los cereales, los agricultores descontentos aspiraban a recorrer el camino de quienes alcanzaron la riqueza por haber llegado primero, por un golpe de suerte o por ser astutos, audaces y/o protegidos/privilegiados por un Estado que fue el primer y principal repartidor. No atacaban la propiedad, sino los obstáculos que les impedían enriquecerse.

En un sistema económico condicionado por la demanda externa, sin mayores desplazamientos del capital desde campo a la industria, y alienados a la conquista del máximo lucro personal, en los agricultores en lucha predominaba la voluntad por vencer todo aquello que les impedía «hacer la América» cuanto antes. La índole débil y provisional de su oposición a los terratenientes y a la burguesía intermediaria se reflejó en las líneas zigzagueantes de las organizaciones que fundaron, como la Federación Agraria Argentina surgida del Grito de Alcorta; y de los partidos políticos que contaron con su aporte, como el Partido Socialista.

En síntesis, los chacareros sentían un respeto sagrado por el derecho de propiedad y en cada uno de ellos había un terrateniente en potencia, sabían que la tierra tenía un precio y no estaban dispuestos a asaltarla, ni siquiera a recibirla de regalo.

Por otra parte, así como la colonización argentina de la segunda mitad del siglo XIX explica por qué el inmigrante no vino a realizar el sueño alberdiano de crear una economía diversificada, de autoabastecimiento en granjas que le aseguraran, ante todo, el propio sustento, esa economía incorporada y subordinada a los designios de la Inglaterra victoriana explica también el papel protagónico que ha tenido en la organización agraria argentina la burguesía intermediaria: exportadores, importadores, consignatarios, cerealeras y rematadores. La colonización misma fue en gran parte su obra. Financió el traslado y la radicación de los inmigrantes y emplazó los primeros almacenes de ramos generales, institución típica del campo argentino que oficiaba de compradora de las cosechas, acopiadora, depositaria, prestamista, etc., y terminaba adueñándose de las tierras.

La de Vicentin es la historia de la concentración en la exportación y molienda de granos; de las cerealeras que alcanzan un poder tal que les permite ejercer un significativo nivel de control en distintos sectores de la economía nacional; y de los negociados del poder económico con el Estado de la oligarquía.

Ese devenir tiene más de 120 años, desde cuando oligopolizaron la exportación de alimentos en un país que llegó a convertirse en «granero del mundo». Es curioso que siempre se haya hablado más de los dueños de la tierra que de quienes transforman y comercializan sus productos; sin embargo entre estos hubo actores emblemáticos, como Bunge y Born, que con su historia prueban que el pragmatismo puede más que el antiperonismo y el antiestatismo: cuando el Estado conducido por el peronista Menem le entregó el manejo de la economía, es decir, del Estado, BB archivó sus convicciones al más puro estilo de Groucho Marx. La única convicción que no se negocia es la de la doctrina antinacional: los miembros de ese bloque son enemigos permanentes del Movimiento nacional.

Quienes repiten que el peronismo creó la Junta Reguladora de Granos están reproduciendo una fake news histórica, útil para construir fantasías que generan miedo, del tipo de la del «chavismo». La JRG fue creada en 1933 por el gobierno conservador de Agustín P. Justo a pedido de las cerealeras, que con este instrumento socializaban las pérdidas que les causó la crisis de 1930 provocando el derrumbe del precio de los granos: el Estado salvaba al gran capital con un precio sostén. Entonces, ¡viva el Estado!, dijeron las cerealeras.

Lo que hizo Perón fue darle a ese instrumento un uso diametralmente opuesto al original: después de la Segunda Guerra Mundial, el precio de los alimentos estaba por las nubes, circunstancia en la que el peronismo utilizó la JRG para comprar los granos a un precio regulado y exportar el excedente al valor de la cotización internacional. Además, transfirió los recursos así obtenidos con el propósito de acelerar el desarrollo del mercado interno y la industria. Entonces, ¡muera el Estado!, dijeron las cerealeras.

Las evidencias disponibles muestran que el genoma de Vicentin corresponde sin fisuras al de su especie: controladores sociales, evasores fiscales, explotadores de productores relativamente pequeños y mamíferos insaciables cuando la teta pertenece al Estado oligárquico.

Estos antecedentes muestran que el Directorio responsable de la caída se parece más a una jauría agazapada a la espera de otra oportunidad, que a un rebaño de corderos cuyo pastor equivocó el camino. Y esta metáfora es un dato político, no un vicio literario.

Se deduce que tanto la oposición de la Federación Agraria Argentina a la expropiación como el comportamiento y poder de fuego residual de quienes condujeron Vicentin a la bancarrota, debieron haber sido una hipótesis y no una sorpresa.

El Cohete a la Luna