La inflación está subestimada y distorsiona cada vez más a las paritarias

El Gobierno festejó brevemente, antes del escándalo cripto que puso en jaque a Javier Milei, que la inflación de enero fue la más baja en cuatro años y medio. Pero este índice esconde los crecientes cuestionamientos a la canasta que utiliza el Indec para medirlo, tal como admite el propio organismo, subestimando así la suba de precios real en 0,6 puntos.

A su vez, esto no hace más que ocultar la pérdida de las jubilaciones reales y la distorsión de las paritarias, como advierten cada vez más sindicatos, que reclaman un salario mínimo casi siete veces mayor que el actual. Y, además, explica por qué el consumo masivo no para de caer pese a la desaceleración de los precios.

La inflación del 2,2% en enero y el nuevo IPC del Indec

La semana pasada, el Indec dio a conocer la suba de precios de enero, que, con un 2,2%, fue la menor desde julio de 2020. Se trata, indiscutiblemente, de un logro objetivo para el Gobierno, que sabe que en eso basó la popularidad de sus últimos meses.

Sin embargo, a este logro hay que agregarle un asterisco, ya que queda cada vez más claro que la inflación del organismo estadístico está subestimada, como indirectamente él mismo reconoció. En septiembre pasado, su titular, Marco Lavagna, anticipó que dos meses después sería lanzado un nuevo IPC, pero desde ese momento no hubo ninguna noticia oficial.

Como en su momento reveló este medio, el Indec planea basar este nuevo IPC en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017, en vez de la canasta usada ahora que, al ser de 2004, ya no refleja el patrón de consumo actual.

El organismo que dirige Lavagna todavía no tira oficialmente la toalla y sostiene que el nuevo índice sigue en carpeta. En ese sentido, fuentes del Indec señalaron a El Destape que "se están terminando las pruebas técnicas y las programaciones para poder tener listo el nuevo índice". Y agregaron que "cuando finalicen estas tareas y se cuente con los avales institucionales, se dará a conocer la fecha de difusión".

Esta última frase es una admisión tácita de que el freno no viene del propio Indec, sino desde el Ministerio de Economía o la Casa Rosada. El Gobierno, en verdad, no tiene incentivos para modificar el IPC en el actual proceso de desaceleración. Si lo hace y la inflación empieza a subir, tendrán que admitir su fracaso macroeconómico. Si sigue bajando, comenzarán a correr las versiones de intervención.

El temor, claro, es que ocurra lo primero. La ENGHo de 2017 tiene una mayor ponderación de las tarifas de luz y gas (59% contra 34% en la canasta de 2004). Pese a que buena parte de la baja inflacionaria de 2024 se debió a que Milei y Luis Caputo pisaron los aumentos en luz y gas, una distorsión que, si el oficialismo es fiel a su ideología, deberá corregir en algún momento.

Pero eso no quita que las boletas de estos dos servicios subieron un 400% y un 300%, respectivamente el año pasado, lo que retroactivamente pondría en duda la magnitud de la desaceleración alcanzada. Y, hacia adelante, prácticamente descartaría la posibilidad de implementar la Revisión Quinquenal Tarifaria que las empresas del sector esperan para recomponer costos.

En este marco, la distorsión del actual IPC se agranda cada vez más. Según la consultora LCG, de haber utilizado la ENGHo que quiere el Indec, la inflación de enero no hubiera sido del 2,2% sino del 2,8%, 0,6 puntos mayor (una diferencia del 27%).

La distorsión de las paritarias y las jubilaciones

En verdad, el IPC actual no solo distorsiona a la propia inflación sino también, como consecuencia, a las jublaciones y los salarios, además de a la tasa de interés.

Es decir, modificar el IPC se convertiría en un problema fiscal para Caputo, ya que, si la suba de pasa a tener un piso más alto, la Anses debería comenzar a otorgar a los jubilados, mes a mes, aumentos superiores a los que corresponden a actual índice. Mientras tanto los jubilados pierden cada vez más poder de compra real, mientras deben soportar el congelamiento del bono hace ya casi un año.

Los otros perjudicados por el actual IPC son los trabajadores formales, en el contexto de una desaceleración de la suba de sus ingresos de los últimos meses, que culminó en diciembre con una baja del salario real registrado de 0,3 puntos. Básicamente, el nuevo índice de precios que el Indec no puede publicar revela que la pauta de las paritarias al 1% que fijó el Gobierno está atrasada casi un punto más por mes.

En este escenario, son cada vez más los gremios que salen a cuestionar abiertamente al IPC actual. El viernes, 36 sindicatos, entre ellos ATE, La Bancaria, los Metrodelegados y Aceiteros, dijeron en un comunicado que "la inflación fue de 2,2% en enero 2025. Para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos".

Los gremios firmantes dijeron, además, que el salario mínimo debía ser en diciembre de 1.900.000 pesos, casi siete veces mayor que el actual, de 279.000 pesos. La cifra supera incluso a la medida por ATE Indec, que para ese mismo mes estimó un salario mínimo de 1.616.000 pesos. Aunque, vale aclarar, estas diferencias con los números oficiales no se deben a que señalen que el IPC actual está distorsionado, sino a un salario mínimo pisado por el Gobierno y a la propuesta de una canasta básica más amplia. Como sea, esta cifra indicaría una pobreza, medida por ingresos, bastante mayor a la actual.

Evidentemente, esta distorsión de la inflación actual es uno de los grandes factores que explican cómo, pese a la recuperación aparente del salario real en 2024, el consumo masivo sigue sin repuntar y cayó un 7% en enero, según supo El Destape de fuentes cercanas al superpercadismo. Una baja que, encima, se da contra el pésimo enero del año pasado.

Por último, la inflación actual más baja que la real también permitió que el Gobierno acelere no sólo la reducción del crawling peg, sino también la baja de la tasa de interés. Un cambio en el IPC implicaría que la tasa debería volver a subir si el Gobierno pretende mantener el nivel de carry trade actual, posponiendo todavía más la reactivación de la economía.