Argentina busca frenar la entrega de acciones en el juicio por YPF y debe responder antes del martes

La presentación judicial que hará la Argentina antes del martes 22 de julio será determinante. Los abogados nacionales intentan frenar la ejecución del fallo mientras continúa el proceso de apelación. Si la Cámara no acepta el pedido argentino, se reactivará la orden de Preska, lo que podría exponer al país a una situación de desacato con potenciales consecuencias en los mercados internacionales.

A todo esto se sumó un inesperado cambio de postura de los fondos demandantes, en especial de Burford Capital. En una declaración reciente, el fondo aseguró que no pretende quedarse con los activos de YPF, pese a que el litigio llegó hasta este punto precisamente por su reclamo ante el juzgado de Preska.

En los próximos días, el juicio por la expropiación de YPF podría sumar un nuevo giro. La Argentina tiene como plazo máximo el martes 22 de julio para presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, con el objetivo de evitar que se ejecute el fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó la entrega de acciones de la compañía como parte del pago por la condena de US$16.100 millones.

Los abogados argentinos solicitaron que el tribunal “mantenga en suspenso la ejecución del fallo”, es decir, frenar la transferencia de las acciones, mientras analiza en profundidad la apelación que presentó el país. Esa instancia judicial no tiene plazo específico para resolver el planteo, aunque se espera una definición hacia fin de mes.

La presentación de la defensa argentina llega después de una jugada sorpresiva de Burford Capital, el fondo beneficiario del fallo. Tal como informó TN, los demandantes notificaron que "no tienen interés en quedarse con los activos de YPF". A su vez, pidieron a la Corte que el país deposite una garantía mientras avanza el proceso apelatorio. Esta movida fue inesperada, ya que Burford fue quien impulsó los reclamos ante el juzgado de Preska desde el inicio del juicio.

Los representantes del fondo solicitaron en un escrito que “la Argentina no pueda apelar el fallo sin antes depositar una garantía”, lo que podría aumentar la presión financiera sobre el Estado. La Corte de Apelaciones debe decidir ahora qué sala se ocupará de resolver la solicitud argentina.

La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York deberá definir si mantiene en suspenso la orden de entrega de acciones, que forma parte del fallo por US$16.100 millones dictado por la jueza Loretta Preska
Informe Digital
“Ellos pueden resolver el pedido de la Argentina en cualquier momento, pero no tienen plazo para hacerlo”, explicó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro.

De haber una resolución favorable al país, se suspendería la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo. Pero si la Cámara la rechaza, la orden de Preska quedará vigente, y el país quedaría ante un posible riesgo de desacato judicial, que podría afectar su posición en los mercados financieros.

En paralelo, también está pendiente la decisión sobre el fallo de fondo: si efectivamente la Argentina debe pagar con las acciones de YPF, donde el Estado tiene el 51% de participación.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

La jueza Preska falló contra la Argentina en septiembre de 2023, al considerar que el país violó el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol sin extender esa operación al resto de los accionistas. El reclamo fue impulsado por Burford y Eton Park, que compraron por €15 millones los derechos legales del grupo Petersen, entonces titular del 25% de la compañía.

A pesar de que a Repsol se le pagó con bonos, el resto de los accionistas no recibió compensación. Ese fue el núcleo del reclamo que ahora enfrenta a la Argentina con un fallo que podría costarle más de US$16.000 millones.

Desde que comenzó el litigio, los demandantes intensificaron su presión ante la falta de pagos o propuestas de acuerdo por parte del país. Incluso durante la gestión de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae, apoyando la estrategia argentina para evitar la entrega de las acciones.