Tala clandestina: un escándalo con madera, maíz, topadoras y ganado

Fuentes bien informadas, que pidieron reserva de identidad por su seguridad personal, aportaron algunos datos claves sobre el desbande fronterizo. El Tribuno los resume en esta nota, en el entendimiento de que podrían ser de utilidad en las investigaciones judiciales que se avecinan.

Desde hace aproximadamente dos años productos forestales que son ilegalmente extraídos en las fincas de las que la Justicia Federal desapoderó a Delfín Castedo estarían siendo derivados a plantas madereras de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal y Orán. En aserraderos norteños se procesan productos de madera que llegan hasta Buenos Aires y Bolivia.

Cada equipo con rollos redituaría a empresarios implicados en la cadena ilícita entre 400 y 500 mil pesos, dependiendo de la especie depredada (principalmente cedro, lapacho, quina, urundel y palo amarillo).

Equipos cargados con madera ya aserrada, como trabillas, reportarían hasta $1,5 millones. En caminos fronterizos se cobran "peajes" de hasta $100.000 por cada camión.

Un miembro de la red ilícita que se presentó en algún momento como primer encargado de la UBA en Salvador Mazza habría puesto un corralón de madera en Villa Maza, localidad de la provincia de Buenos Aires localizada en el límite con La Pampa. Postes y trabillas de especies taladas ilegalmente en el norte salteño, tal como sucedió con muchos de los caños saqueados al Gasoducto NEA, estarían siendo aprovechadas en campos agrícolas y ganaderos de la región pampeana.

Maquinarias

Entre los bienes que el juez federal de Lomas de Zamora embargó y entregó en guarda judicial a la sociedad administradora ligada a la UBA resaltaban seis topadoras Caterpillar D-8, tractores, rastras, casillas rurales y cargadores de maíz, entre otros equipos e implementos agrícolas. Algunas máquinas fueron desarmadas y se habrían vendido por partes. Hay una topadora "desaparecida" que, según las fuentes, estaría guardada en un campo vecino que pertenece a un conocido comerciante de la zona.

El alquiler de una topadora genera 200 dólares por hora. Solo reparar el rodillo de una de esas máquinas cuesta 30.000 dólares.

El juez Villena embargó las fincas de Castedo con alrededor de 1.800 cabezas de las razas Bradford y Brahman. El plantel bovino incluía 900 vacas madres y una producción de 600 terneros por año. También había un campo de maíz de 300 hectáreas en producción, con un rinde global de aproximadamente 2.400 toneladas y un precio estimado en 120 dólares por tonelada. Con el aval de la administración puesta por la Justicia Federal, un veterinario de la zona habría operado con documentación para el tránsito de animales (DTA) apócrifa. Funcionarios del Senasa de Salvador Mazza y Tartagal podrían aportar algunos testimonios de interés para la Justicia. Uno de ellos secuestró un equipo de transporte con novillos identificados con las marcas de Castedo. La causa recayó en la Justicia provincial. Hasta el día de hoy se desconoce el destino de esos animales. Otro funcionario del Senasa habría llegado a enfrentarse a golpes de puño con el primer encargado que tuvo la administración de la UBA por diferencias en torno de los permisos.