Niñez. Pobreza: factor de riesgo de la salud mental infantil, ¿cómo impacta en la Argentina?

Una revista internacional de epidemiología ha publicado recientemente un estudio prospectivo basado en registros de Noruega, que buscaba poner a prueba la relación entre el nivel de ingresos de los/as padres/madres y la presencia de padecimientos de salud mental en niños/as y adolescentes. Para ello, los investigadores examinaron si los ingresos de las familias estaban asociados con diagnósticos infantiles de trastornos mentales identificados a través de registros nacionales de atención primaria de salud, hospitalizaciones y servicios ambulatorios especializados de 1.354.393 niños/as y adolescentes, de 5 a 17 años de edad desde el 2008 hasta el 2016.

Concluyeron que, en este país, los trastornos mentales en niñas niños y adolescentes eran de 3 a 4 veces más prevalentes en aquellos/as cuyas familias eran de ingresos más bajos en comparación con los más altos. Los propios trastornos mentales de los/as adultos/as a cargo, otros factores sociodemográficos y la confusión genética no explicaron completamente estas asociaciones. En Noruega, un país con atención médica pública universal, hubo diferencias sustanciales en los trastornos mentales en los/as niños/as según el ingreso de las familias. Por lo tanto, señalan que los resultados representan diferencias que podrían ser mayores en países con sistemas de salud y bienestar más débiles para aquellos con niveles de ingresos más bajos.

¿Sirven estos estudios para pensar la situación en Argentina?

Tal como señalan los investigadores, amerita pensar cuál sería la implicancia de este estudio para países como el nuestro. Repasemos un poco la situación socioeconómica en Argentina, agravada por la pandemia. Acaba de darse a conocer un estudio de la OIT con Unicef y el Ministerio de Trabajo Nacional que señala que el 16 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años en nuestro país realiza tareas orientadas al mercado. De ese total, la mitad comenzó a hacerlo durante el período de aislamiento obligatorio instalado en 2020.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares difundidos por el INDEC para el último trimestre del 2020 dan cuenta de que la pobreza que afecta a 7 millones de chicas y chicos menores de 14 años en el país. La pobreza en niños/as pasó de 52,5% a 62,9%, por la creciente inflación que pulveriza los salarios y la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que brindaba ayuda a los desempleados y trabajadores precarios. Pero el gobierno prioriza el ajuste fiscal para negociar con el FMI, agravando la crisis social.

Para la Tarjeta Alimentar, que se otorga a madres o padres con AUH que tengan hijos de hasta 14 años o embarazadas a partir del tercer mes, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos, el Gobierno destinó $250.000 millones, para 4 millones de personas (cuando la pobreza alcanza a 3 millones de hogares según la última información oficial). Para la Deuda Pública, el presupuesto es de $665.000 millones y pagó $300.000 (más de lo destinado a la Tarjeta Alimentar). Para el Pago de interés de Leliq a los bancos privados, en un año pagó $773.000 millones. Sólo con la plata destinada a los bancos privados (que no son "vulnerables"), se podría implementar un IFE de $40.000 para 9 millones de personas y por dos meses.

Como planteaba el periodista Alejandro Bercovich en una de sus recientes editoriales, lo que invierte el Estado sólo alcanza para evitar la indigencia, pero no atacan la pobreza estructural a la que se ven sometidos/as niñas, niños y adolescentes y sus familias.

La salud mental y la miseria del mundo

Lejos de toda estigmatización de la pobreza, si pensamos a la salud mental tal como propone la ley Nacional en Salud Mental N° 26.652, diremos que “se trata de un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”; en este sentido es imposible negar la relación entre condiciones materiales de existencia y salud. Es por esto que, necesariamente, la falta de acceso a vivienda y condiciones de hacinamiento, falta de acceso al agua potable, a la alimentación, entre otras, aumentan los llamados “factores estresores”. La tensión física y emocional para niños y niñas quienes necesariamente atraviesan situaciones de supervivencia en etapas que resultan claves para el desarrollo integral y la constitución del psiquismo, cómo lo es la infancia en términos de producción simbólica y subjetiva.

Hugo Cohen, médico psiquiatra, ex-asesor subregional en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS y actual colaborador del equipo regional de salud mental en desastres, con quien conversamos el año pasado desde La Izquierda Diario, refería a tono con los investigadores noruegos que “está demostrado que la pobreza es un factor de riesgo para la salud mental”.

Y si nos retrotraemos a Franco Basaglia, el conocido psiquiatra que cuestionaba el rol de las instituciones manicomiales, también daba cuenta de la relación entre locura y pobreza. En sus conferencias dictadas en Brasil del año 1979, compiladas en el libro titulado “la condena de ser loco y pobre”, decía a su público que “la miseria de la vida (...) es el verdadero contexto en el cual se construye la psiquiatría. Pienso que la pregunta que nos debemos hacer es esta: si la miseria desapareciera ¿la psiquiatría continuaría existiendo?” Y concluía, “debemos antes que nada abolir la miseria para ver qué sucede después”. Una reflexión que para quienes escriben estos párrafos resulta extrapolable a las distintas disciplinas del campo de la salud mental hoy.

Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿esto quiere decir que sin pobreza no habría padecimientos subjetivos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para pensar la salud y la salud mental, las condiciones materiales de existencia, tienen que ser tenidas en cuenta. No podemos emprender ningún abordaje serio sin tocar esto. Por esto, desde una mirada integral, se torna necesario discutir medidas urgentes que hagan frente a los impactos de la crisis, combinando ayuda material con la mejora en los servicios del sistema de salud, acercando realmente la salud mental a la comunidad, facilitando el acceso para toda la población, estableciendo los recursos necesarios para hacer reales los objetivos que plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Este camino llevará necesariamente a la contraposición con los intereses de los grandes organismos de crédito internacional, como el FMI, y las farmacéuticas, grandes ganadoras de la crisis sanitaria a nivel mundial.

Frente a un sistema que condena a millones a la pobreza, como trabajadores de la salud (mental) estamos llamados a cuestionar profundamente las bases materiales que sustentan dicha desigualdad y a sumarnos a la pelea por transformarlas de raíz. Más allá de la solidaridad individual, juntando ropa o comida para quienes lo necesitan, es necesario la organización como trabajadores/as de la salud y del ámbito de infancias y adolescencias, en unidad con las familias trabajadoras, con nuestros pacientes; en comités por barrio, hospital, escuela; uniendo ocupados y desocupados, para conquistar los recursos elementales para cambiar esta situación, establecer otras prioridades y tomar medidas a favor de las grandes mayorías. (LID) Por Melina Michniuk / Julieta Lalama