El fracaso de las privatizaciones que defiende Milei en números: Aysa, Aerolíneas Argentinas, YPF y trenes

Las especulaciones sobre el incremento de la conflictividad en los trenes y el listado de empresas a privatizar de la Ley Bases colocan al Gobierno de Javier Milei en una ventana histórica para el regreso de una era que inició en los 90 y terminó, en parte, durante los gobiernos kirchneristas. El retiro del Estado en el control de empresas que brindan servicios públicos derivó en una crisis de funcionamiento y deudas que debieron ser asumidas por el sector público.

Este martes será inaugurado el busto del ex presidente Carlos Menem en la Casa Rosada, en un intento de revalidar las políticas neoliberales de la década del 90. La actitud no solo se expresa en palabras, sino en acciones: el capítulo II de la Reforma del Estado de la ley bases sobre "privatización de empresas públicas" ocupa casi cuatro páginas y ocho artículos. Entre las empresas se encuentran Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. La oposición -la real, no la "dialoguista"- suele cuestionar este listado porque supone una pérdida de la soberanía y un desguace de las capacidades estatales. Mientras esta defensa es pertinente, el pasado demostró que hay datos económicos objetivos que derrumban la supuesta superioridad privatizadora, por lo menos en Argentina. 

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Por qué la era privatizadora fue un fracaso

En un contexto de hiperinflación, Menem había llegado a la Presidencia con algunas promesas que se volvieron tragedias. A pocos días de haber asumido, envió al Congreso una ley para reformar el Estado (23.696) y declaró la emergencia de la prestación de los servicios públicos para dejar el camino liberado para su privatización. A esto lo acompañó con la Ley de emergencia económica. Empresas del Estado como ENTel, Aerolíneas Argentinas, el sistema vial, YPF, el mercado eléctrico (Agua y Energía, SEGBA, Hidronor), Gas del Estado y Somisa pasaron a manos privadas o a sociedades con mayoría privada. Sus trabajadoras y trabajadores, en su mayoría con toda una vida en las empresas, quedaron afuera y sin el reconocimiento económico.

Mientras tanto, las compañías empeoraron el servicio que brindaban y dejaron deudas que costaron millones de dólares al Estado varios años después. A continuación, un recordatorio de cómo se encontraban estas empresas antes de volver a ser estatizadas. 

AYSA

La privatización de los servicios de agua y saneamiento había alcanzado un nivel de expansión como en pocos otros países del mundo, llegando a que el 70% de la población argentina esté abastecida por empresas privadas. Sin embargo, el efecto contrario fue igual importante, ya que 11 de las 15 empresas que habían sido privatizadas durante el período, fueron re-estatizadas entre 1998 y 2015. En la actualidad, menos del 10% de la población argentina se encuentra abastecida por una empresa privatizada. 

La francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) ganó la licitación en 1993 al ofrecer la mayor rebaja tarifaria respecto de Obras Sanitarias de la Nación (-26,9 por ciento). Según un estudio elaborado por el área de Economía y Tecnología de Flacso, entre mayo de 1993 y enero de 2002 las tarifas residenciales llegaron a incrementarse un 88,2 por ciento, mientras que los precios minoristas lo hicieron un 7,3 por ciento. Las recomposiciones tarifarias le permitieron a la empresa obtener hasta el 2001 una tasa de rentabilidad promedio del 12,9 por ciento con relación a la facturación y del 15,4 por ciento con relación al patrimonio.

Las inversiones fueron una de las mayores asignaturas pendientes de la empresa. Según un informe del Etoss, en el primer quinquenio de la concesión se previeron obras por 1.449 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron 837,50 millones (58 por ciento). Entre los incumplimientos figuraban obras esenciales como la Planta de Tratamiento de efluentes de Berazategui, la Cuarta Cloaca Máxima y las plantas depuradoras Norte y Sudoeste. En el segundo quinquenio la situación empeoró. Entre 1999 y 2002 se previeron obras por 752 millones de pesos y sólo se ejecutaron 428 millones (57 por ciento).

Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 por ciento cuando la meta comprometida era del 88 por ciento. Y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 por ciento frente a la previsión del 74 por ciento establecida en el contrato.

Con Néstor Kirchner en 2003, aquel gobierno se propuso delinear y debatir distintos escenarios posibles frente a la concesión. Las opciones posibles eran dos: o bien optar por la rescisión del contrato, o bien intentar alcanzar una resolución ordenada que no implicara al Estado el hacerse cargo del endeudamiento externo asumido por el concesionario -que alcanzaba casi 700 millones de dólares- opción que el gobierno se propuso sostener hasta el 2005, cuando el grupo francés Suez y los accionistas minoritarios anunciaron su retiro de la concesión. Ante esta situación, el Gobierno estableció la rescisión del contrato por culpa del concesionario (Decreto Nº 303/06) y creó a través de un decreto de necesidad y urgencia (Nº 304/06), luego refrendado por el Congreso Nacional (Ley 26.100) una nueva empresa de capital estatal, Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA). 

Trenes

Durante la era privatizadora, gremios ferroviarios afirman que más de 300 pueblos desaparecieron luego del corte de los servicios ferroviarios de larga distancia e interregionales. Este proceso dejó más de 75.000 trabajadores ferroviarios fuera de ferrocarril. Mientras en 1947, la red ferroviaria total era de 47 000 kilómetros de longitud y quedó reducida a solo 18.000 kilómetros operativos, de los cuales unos 4.000 fueron para pasajeros y el resto para cargas.

Tras los años de desidia, se creó Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que nuclea tres empresas estatales que ya existían y que tenían a cargo diversas funciones dentro del sistema ferroviario; se reordenan sus funciones. A contramano del periodo anterior, se declaró de interés público nacional la reactivación ferroviaria y pasa a control directo del Estado la gestión de la infraestructura, que así recuperó atribuciones dadas en parte en concesión.

El Estado quedó a cargo de “la administración de la infraestructura ferroviaria”, aunque mantuvo la posibilidad de “la participación pública y privada” en la prestación del servicio. Para los casos ya existentes, el Gobierno puede rescatar, reconvenir o renegociar los contratos de concesión.

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas nació en 1949 y a fines de la década del 80 era reconocida internacionalmente por su puntualidad, con un 94% de eficiencia en aterrizajes y despegues; un rubro en el que solo era superada por Swissair, Scandinavian y Lufthansa.  En julio de 1990, un año después de la asunción de Menem, se produce la licitación de Aerolíneas. El grupo ganador estuvo encabezado por la empresa estatal española Iberia, con un 30% del paquete accionario. Se sumaron empresarios argentinos como Pescarmona y Luis Zenón, y el propio Estado Nacional que se reservó un 15% en propiedad participada.

En junio de 1992, Argentina denunció incumplimientos en los pagos de Iberia. El gobierno español ya había iniciado maniobras contables trasladando pasivos de Iberia a Aerolíneas. En el mientras tanto de estos incumplimientos de pago, Iberia utilizó como garantía para comprar otras compañías aéreas parte de la flota de Aerolíneas Argentina. No solo eso, hipotecó aviones para financiar futuros pagos de la propia deuda que tenía con el Estado argentino. 

En 1990 Aerolíneas Argentinas tenía 11.200 trabajadores, una facturación anual de 1.600 millones de dólares, ganancias por 90 millones, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo. Diez años más tarde, tras su privatización, le quedaban 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados y uno solo propio, mil millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares, y con rutas nacionales e internacionales entregadas bajo el argumento de que no eran rentables.

YPF

Un 16 de abril de 2012, la ex presidenta Cristina Kirchner anunció el envío formal al Parlamento del proyecto de expropiación del 51 por ciento del capital de YPF para poner fin a una política de vaciamiento de la petrolera controlada por la española Repsol.

Durante los últimos años de propiedad española, la producción de YPF cayó sistemáticamente. Las reservas bajo la gestión de Repsol cayeron un 50% a pesar de que el país para ese momento ya tenía explorada a Vaca Muerta, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo. Su falta de desarrollo es lo que no permitió incorporarlas a las reservas de la compañía.

La falta de inversión tiene su correlato en el pago de dividendos. En lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción se la distribuyeron entre los accionistas. Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.