La Procuración y la Unidad Fiscal Federal trabajarán en la búsqueda de personas

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, junto al fiscal coordinador de Distrito Salta del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Eduardo Villalba, se reunieron para establecer un marco formal y general de cooperación que permita a ambas instituciones trabajar de manera conjunta y coordinada ante casos de extravío o desaparición de personas. Este acuerdo busca aunar esfuerzos, eficientizar acciones y recursos, y articular con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para alcanzar mejores resultados, optimizando la información recolectada para posibles investigaciones sin que medien disputas de competencia.

Este convenio incluyó la designación de funcionarios específicos de ambas instituciones para que interactúen como referentes fijos que coordinen las acciones ante la denuncia o noticia de un hecho, manteniendo fluida comunicación con los magistrados y las demás instituciones que puedan colaborar en la búsqueda. A esos fines, actuarán en esa función el fiscal coordinador del Ministerio Público Fiscal de Salta, Pablo Alejandro Rivero, y el secretario relator de Procuración General, Aldo Rubén Saravia; por parte de la Fiscalía Federal, la auxiliar fiscal, Roxana Verónica Angelina Gual.

Se prevé la comunicación a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General de la Nación (PROTEX) con la finalidad de implementar acciones conjuntas y articuladas de investigación, teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal de la Nación integra el «Comité Nacional Interinstitucional» y la «Coordinación Operativa Nacional» del Programa de Alerta Sofía.

Mejorar los protocolos

Los firmantes se comprometieron a implementar, en tiempo prudente, una mesa de trabajo con el objeto de abordar el mejoramiento de protocolos de actuación para búsqueda de personas, instructivos prácticos dirigidos a las fiscalías y fuerzas de seguridad, donde se definan estándares mínimos de actuación, se recomienden estrategias de investigación, se estandaricen modelos de requerimientos de colaboración a otras instituciones y se establezcan guías prácticas de herramientas e instituciones que puedan involucrarse en la búsqueda de personas.

Todo ello en el marco de lo dispuesto por el art. 90 del Código Procesal Penal Federal, que demanda al Ministerio Público Fiscal de la Nación promover una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias mediante la celebración de este tipo de acuerdos.